El próximo día 14 se inicia en el Congreso de los Diputados el debate del proyecto de reforma del Estatuto de Castilla La Mancha que pretende acabar definitivamente con el trasvase Tajo-Segura. Por este motivo el concejal del CDL, Sebastián Moreno, ha presentado por registro la siguiente moción que espera sea incluida por su urgencia en el próximo Pleno que de manera extraordinaria se celebrará la próxima semana.
Moción:
DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA FRENTE AL PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA LA MANCHA.
La Cuenca del Segura es la única en España que tiene reconocido un déficit estructural de recursos, requiriendo para su solución una especial actuación y el consenso de todos los poderes públicos. En el vigente Plan Hidrológico de Cuenca, actualmente en revisión, dicho déficit se cifra en la suma de 460 Hm3 anuales. Y aunque nuestra cuenca se encuentra a la vanguardia en la implantación de medidas de ahorro, eficiencia y reutilización del agua, éstas, sin embargo, no pueden nunca suponer una solución definitiva para el acusado déficit estructural existente. La desalación constituye una tecnología de gran importancia para la obtención de nuevos recursos hídricos con los que se puede atender la demanda del abastecimiento humano, industrial y del sector servicios pero los costes actuales del agua desalada impiden que pueda constituir una alternativa económicamente viable para la actividad agraria.
Por eso el trasvase Tajo-Segura constituye una obra vital para Murcia, Alicante y Almería, al resultar imprescindible para el abastecimiento humano y sobre todo para el regadío. El mantenimiento de este trasvase y de sus actuales normas reguladoras, así como la consolidación de los derechos derivados de las mismas, constituye un objetivo primordial e irrenunciable para todos los murcianos. Por algo se ha convertido en la infraestructura más rentable de España de los últimos 200 años ya que no sólo ha permitido el desarrollo de una agricultura puntera en el Mediterráneo, sino que contribuye de forma muy positiva en la balanza comercial de España, sobre todo en el sector hortofrutícola (datos del primer semestre de 2008 arrojan un superávit de 4.000 millones de euros, de los que el 60% lo aportan las provincias del sureste español), generando más de 50.000 puestos de trabajo y beneficiando a una población de más de 2,5 millones de habitantes.
Por tanto consideramos que la solución al déficit estructural de la Cuenca del Segura debe basarse, junto con el fomento de la desalación y las medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua, de manera prioritaria en el mantenimiento y consolidación del Trasvase Tajo-Segura, al margen de que pueda haber nuevas transferencias de recursos externos derivadas de la interconexión de cuencas.
En este sentido, la pretensión del Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla La Mancha de modificar, interpretar y dejar sin efecto la ley reguladora del Trasvase Tajo-Segura, incidiendo de lleno en la planificación hidrológica que se atribuye al Estado puede y debe considerarse como claramente inconstitucional, además de lesivo para los intereses generales de la Nación. Y es que el futuro Estatuto establece el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura para el año 2015, conteniendo además un gran número de artículos que buscan dejar en manos del Gobierno de Castilla-La Mancha la gestión de los trasvases, algo que es competencia del Estado.
Por todo lo expuesto este grupo propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
1.-Manifestar rotundamente el rechazo de este Ayuntamiento al Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla La Mancha en todas las disposiciones que cuestionan el trasvase Tajo-Segura, por considerar que invaden competencias propias del Estado y que atentan contra la unidad de España y contra los intereses generales de toda la ciudadanía española.
2.-Solicitar a los grupos Parlamentarios que deben debatir y aprobar este Estatuto la eliminación de todos los artículos en materia de agua en los que la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha asume indebidamente competencias propias y exclusivas del Estado.
3.-Remitir esta moción a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y a todos los Grupos Parlamentarios presentes, tanto en el Congreso como en el Senado.