El Gobierno del PP dentro del marco de "reformas" que ha decidido emprender ha presentado a la FEMP un documento de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Antes de entrar a valorar el contenido de la propuesta de reforma presentada merece la pena recordar que desde el conjunto del municipalismo español y en especial desde IU se viene exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la Ley de Bases de régimen local de 1985 por considerar que la misma en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta y que era necesario abordar con seriedad la nueva legislación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal , la experiencia de gestión adquirida en estos mas de 35 años y la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local .
El Gobierno justifica la modificación de 14 artículos de la Ley de Bases de régimen local en la necesidad de adaptar este texto a la nueva ley de estabilidad presupuestaria.
Tal justificación no puede calificarse más que como falsa y mentirosa por las siguientes razones:
1°:- Los ayuntamientos tienen establecida por ley, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento del equilibrio presupuestario no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados en caso de existir el mismo al finalizar el ejercicio a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir el déficit. Por tanto ni era urgente ni era necesaria una modificación legal para garantizar un principio que en el caso municipal ya existía desde hace mucho tiempo.
Los ayuntamientos tienen grandes y graves problemas económicos pero los mismos no se han derivado de la inexistencia de una ley que no estableciera controles presupuestarios sino que se deriva de una insuficiencia histórica de la financiación local y en la actual crisis económica de una caída brutal de los ingresos.
2°.- La aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones publicas en nuestro país es absolutamente irrelevante , por lo que no se comprenden medidas tan radicales como las previstas para solventar un problema inexistente o de escasa entidad .
3°.- La reforma planteada más parece una venganza antimunicipalista que una propuesta que pretenda abordar algún problema, buscar alguna solución a los problemas de los ciudadanos.
La propuesta presentada pretende modificar parte del articulado de la Ley de bases de régimen local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.
La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de estabilidad presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.
Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado.
En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.
A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad.
En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc., y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.
No se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.
Desde el Grupo Municipal de IU-Verdes, analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de la Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión.
Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc. servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer , desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público.
En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre `porque legalmente siempre se les ha exigido.
Por todo ello presentamos al Pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente
MOCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, exige la retirada del Proyecto de Reforma de la Ley de Bases, cuyo borrador ha sido entregado a la FEMP.
Instamos al Gobierno a negociar con los Ayuntamientos, partidos políticos, agentes sociales y colectivos vecinales, una reforma de la Ley, cuyo objetivo sea desarrollar el artículo 142 de la Constitución, garantizando la financiación de los Ayuntamientos, como Administración más cercana al ciudadano, que debe ser un elemento fundamental para la superación de la crisis económica.
Consideramos los Ayuntamientos como instituciones fundamentales de cohesión social, dotando de competencias y recursos para desarrollar y gestionar áreas de bienestar social o políticas activas de empleo y desarrollo económico en los municipios.