Valoración del pleno extraordinario del 22 de febrero. IU-verdes

Se trata de un pleno adelantado, en el que como único punto a debate se planteó por el Gobierno Municipal el presupuesto para 2015

Son unos presupuestos marcados por la continuidad en la aplicación las políticas de recortes del Partido Popular, tanto a nivel económico como a la autonomía municipal en la toma de decisiones. En ellos se materializan las medidas legislativas adoptadas unilateralmente, y sin el más mínimo consenso, cuyo objetivo es adelgazar la administración pública para privatizar los servicios públicos.

Con sus reformas, el PP han puesto mayores trabas y dificultades para prestar servicios a los ciudadanos desde los Ayuntamientos. A los continuos recortes en la financiación desde el Estado y la Comunidad Autónoma, ahora se une la obligación de solicitar permiso para asumir competencias que no nos corresponden sin recursos externos. Todo ello en la línea contraria a lo prometido por el Partido Popular, y sobre los que desde IU-Verdes hemos puesto de manifiesto nuestra posición contraria en todos los ámbitos, incluido el Pleno del Ayuntamiento de Alhama mediante mociones.

También contienen estos presupuestos claros tintes electoralistas con medidas como la recuperación del Plan de Obras y Servicios, suspendido durante los últimos años, o el abono de los atrasos a los trabajadores públicos por la paga extraordinaria congelada en el año 2012, o el reconocimiento de algunos complementos específicos en determinados puestos.

Un presupuesto que, sin ningún empacho, PP y CCD quieren venderlo como participativos, cuando sólo se abrió la posibilidad de presentar sugerencias en un apartado de la web municipal o se cumplió con el trámite reglamentario de presentarlo en el Consejo de Participación y Consejo de Economía de Empleo, unos día antes del pleno. Sin duda, un pobre concepto de lo que debería ser una verdadera participación, por parte de quienes se han limitado a poner trabas reglamentarias para mantener bajo control a vecinos y asociaciones.

Al igual que sucedió con el Presupuesto de 2013 y 2014, los de 2015 también están presentados fuera de plazo, carece de los planes y programas de inversión plurianuales y de un plan estratégico de subvenciones, que señale objetivos y lo que se pretenden con su aplicación.

Este Presupuesto 2015, viene acompañado de un anexo de inversiones, en su mayor parte financiadas con Patrimonio Público de Suelo, cuyas actuaciones no están incluidas en el Presupuesto. De nuevo, un confuso conglomerado de inversiones plagadas de incertidumbres. Si nos atenemos a lo recogido en el Capitulo 6 de inversiones reales en este presupuesto, unos 300.000 € incluyendo el Plan de Obras y Servicios y las partidas de equipamientos de las distintas concejalías.

De los 21.725.452 € presupuestados en ingresos, 16,5 millones (el 75%) los aportan directamente los alhameños mediante impuestos, tasas y precios públicos municipales, el 18 % de la participación en los Impuestos del Estado, en tanto que ese Gobierno Regional que nos aseguraron que se iva a volcar con Alhama apenas aporta el 6%, a pesar de que tiene trasferidas muchas de las competencias, que de forma impropia presta este Ayuntamiento.

Se contempla un total de 20.862.174 € en gastos, siendo muy similares a los anteriores. Las partidas de personal se incrementan en un punto sobre el 2014, situándose en un 35% del total, y las destinadas a servicios casi un punto y medio con el 60,46 % del total, entre ambas un total del 96 % del presupuesto, con 311.578 € -menos del 2%- para Inversiones Reales. Para subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y otras entidades de la localidad, se presupuestan 654.255 €.

Un resumen del gasto refleja, parámetros muy similares al pasado ejercicio, ya que en 2015 se destinan más de 7 millones de euros a personal, 12 millones de euros a gastos de funcionamiento de servicios, 178 mil € a gastos financieros que supone un amento de más de 50.000 €, 889.000 € en transferencias corrientes a entidades, asociaciones y clubes, y sólo 311.887 € presupuestados para inversiones, 66.000 menos.

En definitiva, mayor presión sobre los ciudadanos en la recaudación, menos servicios y más caros, reducción de las aportaciones del Estado y la Comunidad Autónoma. Todo ello con recortes en la autonomía municipal en la toma de decisiones.

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